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La Asamblea Legislativa de California discute actualmente el proyecto de ley AB 495 (Family Preparedness Plan Act of 2025), que ha desatado intensos debates y preocupaciones tanto en círculos legales como sociales y religiosos.
La ley, impulsada por la asambleísta Celeste Rodriguez, pretende facilitar que cualquier adulto con una relación “familiar o de mentoría” con un menor pueda hacerse cargo del niño en caso de que sus padres sean detenidos o deportados, con el supuesto fin de evitar traumas derivados de separaciones inesperadas por motivos migratorios.
Sin embargo, juristas, defensores de la familia y líderes religiosos han alertado sobre los riesgos de esta legislación para los derechos parentales y la seguridad de los menores, argumentando que podría abrir la puerta a abusos, secuestros y pérdida del control por parte de los padres sobre decisiones clave relativas a sus hijos.
¿En qué consiste la AB 495?
Según el texto del proyecto y los análisis legales, la ley permite que cualquier adulto —no necesariamente pariente consanguíneo— pueda llenar un simple formulario o “affidavit” y, con ello, asumir decisiones sobre la escolaridad y la atención médica o psicológica del menor. No requiere autorización previa de los padres, revisión judicial ni chequeo de antecedentes, y la identidad del adulto puede no estar verificada por la escuela o centro de cuidado infantil.
Entre los poderes concedidos al firmante del formulario están:
- Inscribir al niño en otra escuela.
- Autorizar tratamientos médicos generales, dentales y de salud mental (incluyendo terapias de sexo u hormonales).
- Consentir vacunas o evaluaciones físicas.
Argumentos a favor y justificaciones oficiales
La autora sostiene que la ley responde a la necesidad urgente de proteger a los hijos de inmigrantes bajo amenaza de deportación masiva, para evitar que queden desamparados o terminen en hogares temporales del Estado. Según datos legislativos, casi el 45% de los niños de California tienen al menos un padre inmigrante, y la incertidumbre sobre quién puede tomar cuidado de ellos en casos de emergencia es alta.
Defensores argumentan que los instrumentos actuales, como los “Caregiver Authorization Affidavits”, son inadecuados y difíciles de utilizar durante crisis, forzando a familias a soluciones drásticas como la entrega al sistema de adopciones.
Críticas de expertos y grupos parentalistas
Sin embargo, abogados y asociaciones de derechos parentales consideran que la AB 495 “redefine peligrosamente” la tutela y crea numerosos vacíos legales. La abogada Erin Friday afirma: “No hay verificación, ni chequeo de antecedentes, ni control judicial. Solo necesitas un papel y un documento de identificación, y cualquiera puede irse con tu hijo”.
Su preocupación radica en que, al ser tan amplia la definición de “tutor”, alguien con apenas una relación casual podría hacerse con decisiones sobre el niño sin conocimiento ni consentimiento de los padres, con riesgos de abuso, trata o desaparición de menores.
Nicole Pearson, otra abogada experta, advierte: “Esto no es alarmismo — literalmente, la ley permitiría a alguien que no es pariente sacar a tu hijo de la escuela, cambiarlo de colegio o autorizarle cualquier tratamiento, incluso farmacológico o quirúrgico, sin que te enteres, y sin que nadie compruebe la legitimidad de esa autoridad”.
La reacción de la comunidad cristiana
Uno de los rechazos más difundidos ha venido del pastor Jack Hibbs, líder de una de las mayores iglesias evangélicas californianas. Hibbs fue enfático: “Si esta ley se aprueba, voy a pedirles que se vayan del estado. Tienen que salir con sus hijos, correr, huir. Esta ley permite a cualquier adulto, incluso sin relación cercana, llenar un formulario y sacar a su hijo de la escuela sin que el padre lo sepa o autorice. Permite tomar decisiones médicas y escolares críticas. Es la mayor amenaza legal a los padres que he visto”.
Hibbs ha convocado a miles de cristianos y padres a movilizarse en la capital para exigir el veto de la ley. “El mal llena el vacío cuando los ciudadanos no actúan; es tiempo de alzar la voz y defender a nuestras familias”, declaró desde su púlpito.
Reacciones adicionales de grupos sociales
Otras organizaciones, como “Our Duty-USA” y “California Family Council”, sostienen que ni la compasión ni la seguridad de los niños pueden garantizarse sin salvaguardias mínimas. “La compasión sin límites es peligrosa. Esto no es proteger, es locura. Se crea un falso dilema: o compasión o derechos parentales, cuando deberían ir de la mano”, declaró Greg Burt, vicepresidente de uno de esos grupos.
El colectivo “Women Are Real” alertó también que “este amplio poder legal, sin control efectivo, abre la puerta a los abusos y alimenta el tráfico de personas”.
Opinión de expertos internacionales
A nivel internacional, medios independientes y organismos expertos recuerdan que las leyes de tutela extraordinaria solo son seguras cuando existen verificación rigurosa, controles judiciales, seguimiento de antecedentes y participación de los padres. El sistema californiano, en su redacción actual, no contempla ninguno de estos requisitos obligatorios, poniendo en entredicho la responsabilidad y seguridad del Estado para con los niños y las familias.
En conclusión, la AB 495 pone sobre la mesa el conflicto entre soluciones de emergencia para familias vulnerables y el derecho natural e inalienable de los padres a decidir sobre la vida de sus hijos. Mientras sectores progresistas la ven como una protección frente a crisis migratorias, expertos legales y sociales advierten que puede erosionar el corazón mismo de la familia y exponer a los niños a riesgos nunca antes permitidos por la legislación estadounidense.
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USA | California 🚨 there is wicked bill (AB 495) trying to hijack children away from their parent’s protection, under the banner of “progress” extremists are trying to control children to mold them according to their delusional ideas. #DontMessWithOurKids https://t.co/QpQgSv26J6
— Con Mis Hijos No Te Metas (@CMHNTM) August 6, 2025
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