Ley que «restringe la libertad de culto» es aprobada por la asamblea francesa

El pasado 16 de febrero se aprobó una ley aprobada por la Asamblea Nacional de Francia supuestamente para «reforzar el respeto a los principios republicanos» y destinada a combatir el radicalismo islámico en el país, puede afectar ahora a todos los grupos religiosos.

Ley que "restringe la libertad de culto" es aprobada por la asamblea francesa
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La ley fue aprobada por 347 votos a favor y con 151 en contra.

Sin embargo, los cristianos evangélicos han advertido del riesgo que la ley supone para la libertad religiosa, ya que pretende controlar los contenidos que se imparten en los templos religiosos, entre otras medidas.

Romain Choisnet, portavoz del Consejo Nacional de Evangélicos de Francia (CNEF) dijo en declaraciones a la radio francesa Phare FM, que la ley conduciría a «más control y más vigilancia» del estado, y agregó «sospechas sobre las estructuras religiosas».

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«En lugar de fortalecer la libertad de conciencia y garantizar la libertad de culto, este proyecto fortalece el control sobre los grupos religiosos», señaló el historiador protestante Sebastian Fath.

Inicialmente, el gobierno francés planeó prohibir la educación en el hogar y hacer que la educación sea obligatoria para los niños a partir de los 3 años de edad. Para que se permita la educación en el hogar, los padres deben buscar la aprobación de las autoridades y esto puede ser rechazado.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, argumentó que muchos niños musulmanes, especialmente niñas, fueron enviados a escuelas extremas donde «su educación consiste en oraciones y ciertas clases».

“Las escuelas deben, ante todo, inculcar los valores de la República y no los de una religión, y formar ciudadanos, no creyentes”, dijo el presidente.

Además de eso, el gobierno pretende darse más poder para intervenir contra las asociaciones.

Los grupos que soliciten subsidios estatales deben firmar un contrato que respete los valores de la República. Si violan este acuerdo, se verán obligados a devolver los fondos recibidos.

La secretaria de Estado para la Igualdad de Género, Marlene Schiappa, dijo que la medida tiene como objetivo garantizar que «no se entregue ningún euro de dinero público a los enemigos de la República».

El gobierno también quiere atribuir a una asociación “los actos practicados por sus miembros”, paralizando temporalmente las actividades del grupo.

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